Los senadores pidieron que se investigue al fiscal Federico Nieva Woodgate por “mal desempeño” y que “se haga un jury de enjuiciamiento” a los fiscales Marcelo Tavolaro y Leonardo Lisa, así como al juez de garantías Alfredo Meade. Recomendaron exonerar a varios uniformados, entre ellos al anterior jefe de policía, Juan Carlos Paggi; al actual jefe, Hugo Matzkin; al director de Policía Científica, Pablo Vázquez; al director de la DDI La Matanza, Marcelo Chebriau; al ex director general de Investigaciones, Roberto Castronuovo, y al ex jefe de la Departamental San Martín, Mario Briceño. También pidieron “la inmediata separación del cargo e iniciar Investigaciones Sumarias Administrativas” al personal de apoyo de la DDI La Matanza, que efectuó contención “operativa” y que tuvo intervención en el domicilio de Carola Labrador, la mamá de Candela. También recomendaron proceder “a la inmediata separación del cargo e iniciar Investigaciones Sumarias Administrativas hasta tanto se resuelvan las denuncias que los vinculan con el narcotráfico, al subcomisario Claudio Valentín Brítez, teniente primero Sergio Fabián Chazarreta, al teniente Isidro Gómez, y al oficial inspector Walter Medina”. Además, pidieron “la inmediata separación del cargo por apremios ilegales con el objeto de forzar declaraciones testimoniales” a policías de la comisaría de Villa Tessei.
La comisión senatorial se conformó a seis meses de la desaparición de la niña, que tenía 11 años. Fue vista por última vez el 22 de agosto y apareció muerta el 31 de agosto del año pasado. En las sesiones de la comisión, que fueron registradas taquigráficamente, participaron dando testimonio abogados, funcionarios policiales y judiciales, peritos, periodistas, familiares y referentes comunitarios, vinculados de una u otra manera a la causa. El pasado jueves 13, los senadores hicieron público el dictamen, votado por siete de los nueve que integraron la comisión. Tanto la conformación del grupo como su dictamen estuvieron teñidos por la disputa entre el gobernador bonaerense, Daniel Scioli, y su vice, Gabriel Mariotto, quien promovió que se investigaran las actuaciones de la policía y la justicia.
El dictamen mayoritario tuvo el aval de cinco senadores del Frente para la Victoria (FPV), encabezados por Jorge Ruesga, presidente de la comisión. El otro integrante del bloque oficialista, Alberto De Fazio, emitió su propio dictamen, defendiendo lo actuado y centrando su crítica en los medios de comunicación. ¿Qué tuvieron en cuenta los senadores integrantes de los bloques opositores? Veintitrés estuvo en el Senado bonaerense para entrevistar a María Isabel Gainza, de la Coalición Cívica (CC); a Omar Foglia, del Frente Amplio Progresista (FAP) y a Aníbal Assef, de Unión Pro.
Gainza, quien se sumó al dictamen mayoritario, al igual que Foglia, criticó a los jefes policiales, quienes tuvieron oportunidad de hablar con los senadores: “Mostraron cero autocrítica, e incluso un grado de mendacidad, cuando nos dijeron que es muy común que se conformen comités de crisis con la plana mayor de la policía por una averiguación de paradero, cuando no es así”.
Según deploró Gainza, los jefes policiales “justificaron a ultranza haber seguido todas las llamadas, cerca de dos mil, diciéndonos que no querían que les pasara lo mismo que en el caso Pomar, cuando no escucharon una llamada que les dijo dónde estaba el auto”. Y relató escenas absurdas: “Llegaron a comprobar llamados hechos por chicos que habían hecho una apuesta por un alfajor, o llamados de gente con problemas mentales. Fueron a hacer procedimientos al sótano de la iglesia de Hurlingham porque alguien había visto en un sueño que Candela estaba ahí. Y fue Paggi, con toda una comitiva, junto a la madre de Candela, Carola Labrador, para buscarla con un médium que llevaba un péndulo”.
Gainza puntualizó sobre el “escozor” que generó el tema de los “informantes”, como Héctor “el Topo” Moreyra, un “buche” de importantes jefes como Castronuovo y Chebriau, quien filtraba información sobre el accionar de bandas delictivas de las que formaba parte y sin que hubiera una orden judicial que lo justificara. En la causa que encabezaba el fiscal Tavolaro, Moreyra fue acusado de ser el autor intelectual del crimen de Candela. Según contó Gainza, Castronuovo se mostró preocupado por deslindarse de esa relación, mientras que Chebriau fue “más difícil de penetrar”. Y llamó la atención sobre el hecho de que aún hay gente de la DDI de La Matanza cuidando a Labrador. “Es muy extraño”, opinó.
La senadora relató que “a cada policía se le preguntó por qué no siguieron la pista del narcotráfico. Pero parecía que habían cerrado un acuerdo para decir que era venganza contra el padre de la niña, y que entonces era un problema de piratería del asfalto, ya que el hombre estaba detenido por ese delito. La otra puerta no se abrió nunca, con el agravante de que existan estos denominados ‘cortitos’, es decir, secuestros que se resuelven extrajudicialmente. Es una modalidad que ya había pasado en la familia de Candela, con el secuestro de la prima de Carola Labrador, María Alejandra Romagnolli, donde intervino la Justicia Federal. Castronuovo y Chebriau admitieron haber participado en la liberación y el pago de rescate, pero no supieron decir cuánto era”.
Otro aspecto que le llamó la atención a Gainza es que los policías no hayan visto “la relación entre la detención de Miguel Ángel ‘Mameluco’ Villalba, acusado de narcotráfico, y la desaparición de Candela, 15 días antes. Le preguntamos a Carlos Albarracín, de la Secretaría de Seguridad, por qué revisaron todas las llamadas, visitas y contactos del papá de Candela pero no las que tuvo Villalba, cuando se decía que había sido entregado por el papá de Candela. Ese rumor lo había hecho correr Moreyra, pero lo negó ante Castronuovo y le pasó el dato a la Federal, que finalmente apresó a Villalba”.
Gainza fue muy crítica respecto del testimonio brindado por los funcionarios judiciales: “La impresión fue devastadora. Tampoco hicieron ninguna autocrítica. Los vi conmovidos por su situación personal, no por lo que pasó. La actuación fue tremendamente deficitaria, ya la Cámara III de Apelaciones y Garantías de Morón afirmó que la causa rebosa de ineficiencias y anomalías. Demostraron falta de consistencia ética. Y poca capacidad profesional. No tuvieron ni contracción al trabajo ni fortaleza de carácter”.
Todos los senadores coincidieron, incluso De Fazio, en criticar a los medios de comunicación. Gainza, en sintonía con el dictamen mayoritario, contó que se plantearon críticas “al canal C5N, que divulgó un presunto llamado extorsivo diez minutos después de que apareciera el cadáver de la niña”.
Por su parte, Foglia consideró que “se desvió todo el despliegue policial para que se investigue en Hurlingham, cuando hasta el más novato de los policías hubiera dirigido la investigación a San Martín. El celular de Candela se apagó en ese partido. Era un lugar a donde la familia solía ir. Y ahí fueron secuestradas sus dos tías”. Según reveló el senador del FAP, hay “testimonios que vinculan a policías con narcotraficantes. Es por lo menos una línea de investigación que ni el fiscal ni el juez quisieron seguir”. Y detalló que no se investigó un dato que podría ser significativo: “La nena tenía en la mano izquierda la baraja del rey de oro. Tal vez significa el poder de la riqueza, que puede ser bien habida o por corrupción. Hay que ser ‘rey’ para secuestrar a una niña a las 4 de la tarde y tenerla 9 días escondida, cuando la buscaban 1.600 policías, y después tirarla en el lugar donde todos la habían buscado”.
Foglia consideró positivo que el nuevo fiscal del caso, Alberto Ferrario, “nos dijo en una reunión que no va a trabajar con la Bonaerense, pero como esto fue un secuestro extorsivo debería estar en la Justicia Federal”. Sobre el rol del abogado Fernando Burlando, quien representa a la madre de Candela, consideró que “justo apareció cuando daba la sensación de que el fiscal la iba a inculpar. Llama la atención que hayan detenido al último sospechoso, Leandro Jara, el día que cerraba la campaña electoral. Burlando se arriesgó a decir que todos los responsables estaban presos”.
Sobre el accionar policial y judicial, Foglia puntualizó que “lo más escandaloso fue el armado de la ‘solución’ cuando apareció el cadáver. Primero tenían dos mil hipótesis. Diez horas después, ya estaban allanando la vivienda donde supuestamente había estado Candela. Pese a que los medios televisivos estaban en todos los allanamientos, en este caso no había prensa. Y el fiscal llegó una hora y media después. Parece de ciencia ficción, pero acusaron de cosas horribles a gente que no tienen nada que ver, como el carpintero Néstor Altamirano y su señora”. Foglia formuló un fuerte reclamo: “Hay sectores de la policía vinculados al narcotráfico. No puede existir narcotráfico sin un sector de la policía que lo apañe. El trabajo de esta comisión del Senado, donde se da el nombre de policías que podrían estar vinculados con el narcotráfico, debería ser un punto de inflexión”.
A diferencia de los otros opositores que integraron la comisión, Assef no adhirió al dictamen mayoritario e hizo uno en soledad. “Algunos medios publicaron que yo defendía al narcotráfico. No defendí al narcotráfico ni a la policía. Puse en equilibrio cada cosa –explicó–. Pido el juicio político a Tavolaro y a Meade. Quiero que den explicaciones. Y que defiendan su carrera. No se puede rajar así nomás a un tipo con 25 años de carrera. No estuvieron a la altura de las circunstancias. Los desbordó el caso. Hay un montón de cosas que no me cierran de la investigación”. Assef se diferenció al decir que “no se puede pedir la exoneración de policías. Se puede pedir un sumario interno, lo que recomiendo, pero tienen derecho a defensa”. Y remarcó sus críticas al poder político, que también compartieron Foglia y Gainza: “¿Qué tiene que hacer el gobernador en el lugar donde apareció el cuerpo, cuando es una cuestión judicial y policial? Se tiene que limitar a brindar los elementos para que la Justicia y la policía funcionen como corresponde”.
El senador de Unión Pro se mostró extrañado de que “habiendo una cantidad de elementos conocedores de la zona no hayan llegado a esclarecer el hecho. La madre no dijo todo lo que tenía que decir. Y la policía no intervino en todo lo que tenía que intervenir. La cartelización famosa de San Martín es cierta: la policía lo reconoce. Están enfrentados con el narcotráfico, pero trataron de desviar la investigación para que no se vean otras cosas. Me asombra que los buenos oficiales, los que quieren salvar a la policía, no hayan ido hasta el final. A Candela la secuestraron por una pelea entre bandas”
Los puntos clave del dictamen
El dictamen mayoritario de la Comisión del Senado bonaerense planteó críticas a la investigación. Textualmente:
- El espectacular accionar policial durante la búsqueda tuvo como objetivo responder a la presión mediática y desviar la investigación del verdadero territorio en que se desarrollaba el caso, lo que atentó dramáticamente contra la posibilidad de encontrar con vida a Candela y produjo encubrimiento de autores y móvil del asesinato.
- La policía tuvo conocimiento del contexto en el que se había producido la desaparición: narcotráfico y narco-secuestros, mercado delictual del que también forma parte un sector de la policía.
- La cúpula policial, lejos de poner límite a la presencia descontrolada de los medios masivos de comunicación, en forma específica los medios televisivos, priorizó acuerdos que resultaran funcionales a su estrategia.
- La muerte de Candela se explica, también, por el descontrol de la participación de los medios en la cobertura del caso. Aún más responsables son las autoridades que no lograron limitar la difusión de la información a través de los medios, de forma tal de impedir que se viera obstaculizada la investigación y preservar a toda costa la vida de la niña.
- Se malogró insalvablemente la posibilidad de levantamiento de evidencias físicas por parte de los peritos al no preservar la escena de la aparición del cuerpo de Candela Sol Rodríguez, ya que el lugar fue invadido por una multitud de funcionarios políticos, policiales y familiares.
- La filtración de la llamada extorsiva que C5N pone al aire mientras se ven las imágenes del hallazgo del cuerpo de la niña es efectuada por la cúpula policial.
- La policía construye el lugar de cautiverio de la niña, en la calle Kiernan 992, forzando los escasos datos obtenidos de un relevamiento vecinal a menos de diez horas de hallado el cuerpo.
- Se manipularon perfiles de ADN compatibles con los de Candela Sol Rodríguez en dos objetos transportables que aparecen en la vivienda de la calle Kiernan 992.
- Se “armó” una presunta banda criminal que fue imputada por el hecho, para lo que se emplea testigos de identidad reservada.
- Hay elementos suficientes para concluir en que el asesinato de Candela está vinculado al narcotráfico, que tanto el cautiverio como el asesinato ocurrieron en San Martín y que existe vinculación entre los grupos de narcotráfico que operan en la zona y la policía
